Buscamos que la justicia no sólo reconozca a la víctima y sus derechos, sino que también contribuya a generar cambios institucionales, abrir espacios en la construcción o modificación de políticas o remover patrones de abuso de autoridad, con el propósito de garantizar que en el futuro los hechos violatorios de los derechos humanos no vuelvan a suceder.

De esta manera, con el litigio, buscamos que el Estado brinde respuestas estructurales, por ejemplo en la construcción –en consulta con la sociedad civil– de políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad y riesgo.